TEPJF revoca acuerdo del INE sobre posponer consulta de revocación de mandato

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre posponer la consulta de revocación de mandato y vinculó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que otorgue los recursos necesarios para llevar a cabo este ejercicio de participación ciudadana.

El magistrado Felipe Fuente, quien presentó el proyecto, señaló que el Consejo General del INE no tiene las facultades de posponer el proceso de revocación de mandato, porque al ser una autoridad electoral tiene la obligación de garantizar este ejercicio de participación ciudadana, por lo que especificó que el órgano electoral debe implementar las medidas y realizar ajustes presupuestales necesarios para realizar este ejercicio.

En sesión pública, mencionó que el Instituto solo puede interrumpir la revocación de mandato cuando no se reúnan 3% de las firmas de los electores registrados en la lista nominal o cuando no se cumpla con la dispersión de estos apoyos en 17 entidades federativas como se marca en la ley.

Por lo anterior dijo que “la insuficiencia presupuestal no es un una razón válida prevista en la normativa para dejar de desarrollar las actividades (de revocación de mandato)”.

El proyecto aprobado señala que el Consejo General del INE, en el ámbito de su autonomía presupuestal, esto es a partir de los recursos que le fueron dotados o solicitar lo que falta, debe implementar obligatoriamente las medias necesarias para continuar con el proceso de revocación de mandato y así garantizar los derechos políticos de la ciudadanía

También establece, dijo el magistrado, que en caso de que así se considere por parte del INE de solicitar una ampliación presupuestal, se debe vincular a la Secretaría de Hacienda con la finalidad de que “dé una respuesta debidamente fundada y motivada”.

“En ese sentido la Secretaría tiene que coadyuvar y propiciar de todos los elementos, así sea desde una perspectiva de austeridad, disponibilidad y eficiencia presupuestal, para que sea factible garantizar la efectividad del derecho políticos electoral de participación ciudadana”, dijo el magistrado Felipe Fuentes.