El tema de la “adopción” por dos días de un menor de cinco meses de edad bajo custodia del DIF de Nuevo León, por parte del gobernador Samuel García Sepúlveda y su esposa Mariana Rodríguez Cantú, llegó hasta la Conferencia Mañanera, por pregunta de un reportero.
Sin embargo, aunque ya instancias del gobierno federal están interviniendo en el caso, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, comentó que “no debe haber politiquería”, anticipó “nosotros no nos vamos a pelear” y pidió que cada quien haga su juicio sobre este asunto que ha encendido las redes sociales.
El pasado fin de semana el gobernador y su esposa llevaron a su casa a un bebé, gracias a un “permiso de convivencia” por dos días que les otorgó el DIF estatal, situación que ya generó la intervención y cuestionamientos por parte de diversas instituciones y dependencias que procuran la protección de los derechos de la niñez o los derechos humanos en general tanto del estado como de nivel nacional. El propio gobernador y su esposa quien es, coordinadora de la unidad administrativa Amar a Nuevo León, compartieron en redes sociales videos donde expusieron imágenes del niño, dieron a conocer datos personales, y violaron su derecho a la intimidad, estando el infante bajo custodia del centro de atención a la familia denominado Capullos, dependiente del DIF estatal.
La ONG Save the Children denunció posibles delitos y violaciones a los derechos de un niño por parte del gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa, Mariana Rodríguez, al sacar por un fin de semana al menor de un DIF.
En su cuenta de Twitter, Save The Children alertó:
«El pasado 15 de enero, Samuel García, Gobernador de Nuevo León y su esposa Mariana Rodríguez, titular del DIF estatal, solicitaron un permiso de convivencia familiar por un fin de semana con un bebé del Sistema Estatal DIF, sin tener ningún vínculo con él.
El niño quedó expuesto y fue víctima de diversas violaciones a sus derechos como: – Derecho a la vida privada – Derecho a la identidad – Derechos relacionados con la aplicación del interés superior establecido en la Constitución».
«Puede haberse cometido inclusive el delito de trata de personas por usar su imagen con fines políticos y mercantiles en las comunicaciones de sus redes sociales», pues Rodríguez subió fotografías del pequeño.
Según la ONG, «Legalmente, el caso debe investigarse, con la participación de las autoridades federales, dada la concurrencia que existe en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Hacemos un llamado al gobierno y a la sociedad en México a cuestionarnos cómo tratamos a niñas y niños: ¿Estamos pensando en qué es lo mejor para ellas y ellos o perjudicándoles y violando sus derechos más fundamentales?»
Y finaliza:
«¿Qué buscaba una acción como esta? ¿Es esto lo que necesita un niño? ¿Ser expuesto en redes sociales y medios de comunicación? ¿Por qué pensamos que está bien?»
