Tras 32 horas de audiencia, el juez José Luis Palacios ratificó la vinculación a proceso en contra del exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas Manjarrez, y siete exdirectores y corresponsables de obra por los delitos de homicidio y lesiones culposas por el desplome de un tramo elevado de la Línea 12 del Metro.
Así como las medidas cautelares consistentes en entregar sus pasaportes, no acercarse a las víctimas, firma periódica cada mes ante la unidad de medidas cautelares y dijo un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.
Los ocho vinculados a proceso son: Enrique Horcasitas Manjarrez, exdirector del Proyecto Metro; Moisés Guerrero Ponce, exdirector de Construcción de Obras Civiles de Proyecto Metro; Juan Antonio Giral, exdirector de Obras Civiles de Proyecto Metro; Enrique Baker Díaz, exsubdirector de Estructura e Ingeniería; Juan Carlos Ramos Alvarado, exencargado de la obra en el tramo Olivos-Tezonco; Fernando Amezcua Ordaz, exdirector general de Supervisión de Obra; Fernando Ramiro Lalana, director de Coordinación de Supervisión de Obra.
Y en el caso de Ricardo Pérez Ruiz, exencargado de estructuras corresponsables de seguridad estructural de la Línea 12, durante la noche del martes, el juez de control no había encontrado elementos para vincularlo a proceso debido a que el ministerio público no había sustentado su acusación, no obstante, pidieron no abandonar la sala y tras la revisión del caso, le impusieron las medidas cautelares.
Gabriel Regino, abogado de Horcasitas consideró que la vinculación a proceso sólo significa el inicio de un extenuante proceso penal que sus cinco defendidos enfrentarán en libertad durante varios años.
“La vinculación a proceso es una determinación que está favoreciendo la protección de los verdaderos responsables de la caída de la línea 12 del metro”, señaló.
Regino dijo que no descansará hasta que comparezcan directores y responsables de mantenimiento del Metro de la administración de Miguel Ángel Mancera, así como Florencia Serranía en el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Por su parte el abogado de 12 víctimas del colapso de la Línea 12, Teófilo Benítez, se dijo inconforme con el actuar tanto del ministerio público, como del juez por los distintos errores cometidos en el proceso que causaron retrasos en la audiencia.
Agregó que interpondrán una queja ante el poder judicial y la fiscalía capitalina sobre el actuar de ambos funcionarios y consideraron insuficientes las medidas cautelares.
“Su actuar deja en estado de indefensión a las víctimas, tenemos una vinculación endeble, requeríamos de medidas cautelares más duras, así que, si hay una persona evadida de la justicia, será responsabilidad del ministerio público y el juez”, expresó.
