En medio de versiones encontradas y un creciente clima de incertidumbre, las senadoras Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano y la priista Claudia Anaya, coincidieron en denunciar la falta de información oficial respecto al documento que presuntamente definiría la situación del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero.
Ambas legisladoras exigieron en entrevista por separado, claridad a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y a la Mesa Directiva, al señalar omisiones y posibles irregularidades.
Alejandra Barrales confirmó que ya se informó a las bancadas sobre la existencia de un documento relacionado con el fiscal, aunque precisó que ninguno de los grupos parlamentarios ha tenido acceso a su contenido ni sabe si se trata de una renuncia o de una remoción.
Explicó que permanecen “a la espera” de que la Jucopo convoque a las y los legisladores para revisar el documento al que hizo referencia la presidenta del Senado Laura Itzel Castillo Juárez.
“De que hay un documento, ya se nos informó”, señaló, pero reiteró que no existen detalles sobre su origen ni sus implicaciones.
Alejandra Barrales indicó que no hay fecha para discutir el tema en el Pleno, debido a que aún no se presenta oficialmente la comunicación.
Añadió que, según la información preliminar, el documento habría surgido desde el propio Senado, lo que refuerza su exigencia de que la Jucopo transparente el proceso. “Nos tendrán que llamar para informarnos”, insistió.
Por su parte, Claudia Anaya criticó que la Mesa Directiva no sesionó antes del inicio de la jornada legislativa, lo que impidió aprobar la orden del día conforme al reglamento.
Señaló que el documento que después circuló “carece de validez”, ya que no fue avalado en el procedimiento previo obligatorio.
Relató que presionó reiteradamente para conocer el contenido de la convocatoria y que solo después de insistir se difundió el documento, el cual calificó como “una pelota de playa” destinada a distraer mientras se manejan posibles asuntos vinculados con la Fiscalía General de la República.
La legisladora por Zacatecas subrayó que, si existiera una carta de renuncia del fiscal, la Mesa Directiva estaría obligada a informar al Pleno, y aseguró que no hubo ninguna notificación en las reuniones previas.
Reprochó que la presidenta de la Mesa “no tiene facultad para reservar información”, por lo que insinuó que el grupo parlamentario de Morena podría estar ocultando comunicaciones oficiales.
Advirtió que, si la supuesta renuncia fuera forzada, esto revelaría un escenario de “hiperpresidencialismo” que vulneraría la autonomía de las instituciones y la división de poderes.
También explicó que, en caso de una remoción solicitada por el Ejecutivo, esta solo sería procedente si existe una causa grave, cuya valoración corresponde exclusivamente al Senado.
Tanto Barrales como Anaya coincidieron en que, hasta el momento, no existe ninguna notificación oficial. La falta de información ha incrementado las sospechas de opacidad y ha dejado en vilo el análisis de una posible renuncia o remoción del fiscal.
