El Gobierno de México tiene una nueva fuente de financiamiento: las cuentas bancarias que no han mostrado actividad o que han sido aparentemente abandonadas por sus titulares. La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito para que el dinero, intereses o rendimientos de cuentas que no muestren depósitos o retiros en un lapso de seis años puedan ser tomados por el Gobierno mexicano para financiar labores de seguridad.
Aunque la ley ya consideraba tomar los recursos de las cuentas abandonadas para entregarlos a la beneficencia pública, esta nueva reforma considera que si los montos en las cuentas son menores a 51.958 pesos, (es decir, 540 Unidades de Medida y Actualización), se destinarán a la beneficencia pública, mientras que los montos superiores serán destinados a la seguridad pública. Según lo previsto en la reforma, 45% del dinero abandonado será para la Federación, un 30% para los Estados y 25% para los municipios y alcaldías.
“Uno de los problemas que se van a tener es por temas de transparencia, ya que en realidad no sabemos cuántas cuentas están en ese supuesto ni cuál es el monto total que albergan”, dice en entrevista Mario Di Costanzo, consultor financiero y expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
Sin embargo, no hay una cifra precisa del dinero que puede estar en esta situación de supuesto abandono o inactividad. Ignacio Mier Velasco, diputado que ha promovido esta reforma, indica que pueden ser por lo menos 10.000 millones de pesos y que estarían disponibles de inmediato, mientras que las estimaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) indican que puede ser de más de 75.000 millones. “En el sistema financiero se alojan recursos que no tienen origen lícito, que provienen de la delincuencia organizada”, dijo el diputado, perteneciente al partido del presidente, Morena.
“Los únicos que pueden saber a cuánto asciende y cuántas cuentas hay, son los propios bancos”, explica Di Costanzo. El secreto bancario es el fundamento por el cual estas instituciones no dan a conocer estos montos, pues se basa en la protección que los bancos deben otorgar a la información relativa a los depósitos y captaciones de cualquier naturaleza, que reciban de sus clientes. “Se entiende que esta información es parte de la privacidad de los clientes del sistema financiero. Si no existiera esta norma, cualquier persona podría solicitar en un banco, por ejemplo, información sobre los movimientos de las cuentas de una persona”, explica la CNBV.
Adicionalmente, pueden existir otras inconsistencias con las cuentas bancarias que no registren actividad. Actualmente, el Sistema de Información de Consulta de Beneficiarios de Cuentas de Depósito es un mecanismo que la Condusef pone a disposición de los usuarios para aquellas personas que se presuman beneficiarios de una cuenta de depósito de un familiar fallecido. “¿Qué va a pasar si una cuenta que se quedó sin beneficiario, o si se está litigando?”, reflexiona el expresidente de la Condusef.
La inseguridad que impera en el país ha orillado a la Administración de Andrés Manuel López Obrador a designar más recursos a temas de seguridad, Según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la federación para 2023, el Gobierno planea ejercer un gasto de 252.818 millones de pesos para las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina, la Secretaría Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional. Se trata de un incremento de 7,4% del presupuesto aprobado para estas dependencias en 2022. “Creo que el Gobierno está buscando obtener recursos de cualquier lado” dice Di Costanzo. “También refleja la crisis de recursos que hay, por el gasto indiscriminado que se ha tenido en muchos otros proyectos”, reflexiona.
