La organización Fuerza Amplía de Transportistas consideró que el incremento de 1 peso a la tarifa anunciada recientemente por el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, es insuficiente para solventar los gastos de mantenimiento y combustible por lo que anunciaron que no dejarán de insistir en que su tarifa mínima llegue a los ocho pesos.
En rueda de prensa, representantes y voceros de esta organización calificaron como un “albazo” que autoridades hayan anunciado la autorización al incremento del pasaje, cuando este sector se levantó de las mesas de negociación y no estuvo de acuerdo.
Resaltaron que con un peso no se alcanza para conseguir ganancias y cumplir con uno de los compromisos impuestos por el gobierno de la Ciudad de México, que es la adquisición de unidades nuevas.
“Es una tarifa tramposa, porque lo quiere el gobierno es que no lleguemos al cambio de unidades cuando ellos quieren y nos van a quitar las concesiones, es imposible cambiar unidades con los altos costos de la inflación y de operación”, dijo Nicolás Vazquez, vocero de los transportistas. Los transportistas dijeron que una solución para solventar los gastos de operación con el incremento de 1 peso a la tarifa es que se mantenga el bono de 4,000 pesos de combustible mensuales y que se mantenga abierta la negociación para que su tarifa llegue a los ocho pesos.
Reconocieron que existen errores cometidos por los transportistas como los vidrios polarizados, el alto volumen de música en sus unidades, competencias entre unidades con pasaje abordo entre otras quejas de los usuarios, están dispuestos a mejorar su servicio con el fin de ganarse la empatía de la ciudadanía.
“Estamos de acuerdo que se lleven a cabo estas medidas, nos comprometemos a que se cumplan pero el gobierno también debe poner de su parte”, afirmó Francisco Carrasco, integrante de FAT.
Inadmisible la petición, dice Batres
Por su parte, el secretario de gobierno de la CDMX, Martí Batres, enfatizó que ayer a las mesas de trabajo fueron firmes en señalar que de ninguna manera aceptarían aumentos de tres, cuatro, cinco pesos y que, como lo señalaron los transportistas, se debía mejorar el servicio.
Eso es inadmisible porque se afectaría la economía familiar y la prioridad número uno del Gobierno de la ciudad es proteger la economía familiar, la economía popular.
El funcionario resaltó que el 80% de las organizaciones aceptaron estos elementos que se plantearon sobre la mesa. «Respetamos las discrepancias, sin embargo, ya estamos en una etapa nueva y no hay lugar alguno para que haya movilizaciones en adelante, menos aún bloqueos en la Ciudad de México. Nosotros vamos a trabajar en esas condiciones, sobre todo buscando que se cumpla con el cambio y la calidad del servicio», afirmó.
También anunció que el gobierno estará atento a partir del 15 de junio, y habrá operativos y verificaciones, para revisar que se cumplan con todas estas condiciones.
