Héctor Salomón Galindo Alvarado, asesor legal de la empresa DNV y quien es señalado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, como causante del conflicto de interés que atribuye a la firma noruega, trabaja en esa compañía desde julio de 2021, es decir, desde dos meses antes de que DNV entregara el segundo dictamen sobre el colapso de la Línea 12 del Metro, el cual fue aceptado por las autoridades sin reserva alguna.
“(Hay) un conflicto de interés que nosotros detectamos en el momento en que se comienza a desarrollar el tercer reporte porque, entre otras cosas, aparece un abogado que ha litigado contra el presidente Andrés Manuel López Obrador”, dijo Sheinbaum esta semana.
De acuerdo con lo que ha señalado la jefa de gobierno, Galindo Alvarado litigó en 2012 en contra del hoy presidente López Obrador, a quien acusó de que, mientras era dirigente nacional de Morena —que aún no se había constituido como partido político y era una asociación civil—, hacía uso de recursos públicos para la promoción de su movimiento.
Al final, la queja fue desechada. Sin embargo, esta situación ha sido motivo para que Sheinbaum señale que su contratación configura un conflicto de interés, por lo que el gobierno no puede aceptar el tercer informe que la firma entregó sobre la causa raíz del colapso de un tramo del viaducto elevado de la “Línea dorada” el 3 de mayo de 2021.
Según el perfil público de LinkedIn de Galindo Alvarado, él ya había laborado en DNV entre octubre de 2016 y septiembre de 2017, cuando se desempeñó como asesor de contratos en México.
Sheinbaum también argumentó que el conflicto de interés de Galindo Alvarado se configura porque el abogado se desempeñó como director de análisis jurídico en la secretaría ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción mientras Enrique Peña Nieto era presidente.
Para Sheinbaum, el conflicto de interés es claro, aunque matizó al señalar que será la Contraloría capitalina la instancia que así lo establezca.
El 12 de mayo de 2021, días después del colapso, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) firmó con DNV el contrato SGIRPC/DEAF/RMAS/CT/004/2021, para que llevara a cabo un dictamen sobre la causa raíz del desplome de una parte del viaducto elevado de la Línea 12 del Metro, el cual cobró la vida de 26 personas y dejó 104 lesionados.
De acuerdo con el documento, del cual Animal Político tiene copia, la dependencia encabezada por Myriam Urzúa pagaría 26 millones 232 mil pesos por el estudio completo.
En el anexo 1 del contrato, se especifica que se harían tres entregas y, aunque no se contemplan fechas precisas para darlas a conocer, el 16 de junio, cuando se entregó el dictamen preliminar en el que se informó que el colapso del tramo se debió a una falla estructural asociada a varias deficiencias en el proceso constructivo, se informó que la segunda entrega se haría el 14 de julio, y la tercera, en la que se daría a conocer la causa raíz del accidente, sería pública el 30 de agosto.
Sin embargo, ninguna de estas fechas se cumplió. Según informó la jefa de gobierno, la empresa solicitó prórrogas para entregar el segundo y el tercer informe, pues necesitaba más tiempo para llevar a cabo sus investigaciones.
