El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que las firmas válidas para la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador suman 2 millones 845 mil 634 definitivas, lo que representa un 103.17 por ciento de las que exigía la ley, adelantó que las más de 2.7 millones que se requería se rebasaron ayer y que el Consejo General preveía adelantar la convocatoria esta misma semana, sin embargo, el director del Registro Federal de Electores, René Miranda señaló que “por certeza” decidieron esperar hasta que la Secretaría de Hacienda responda a la solicitud presupuestal de mil 758 millones de pesos, para cumplir con la dimensión de una elección federal.
“Nos apegaremos al calendario aprobado por el Consejo, por principios de certeza no podemos llevar la convocatoria sin la respuesta de la Secretaría de Hacienda para determinar los recursos solicitados. Con esa respuesta se podrá lanzar la convocatoria sabiendo la dimensión. “Se esperará a la respuesta de la Secretaría conforme la sentencia del Tribunal Electoral, la fecha es el 31 de enero y tendremos que esperar. No hay una respuesta formal y por principio de certeza necesitamos saber con cuánto dinero vamos a contar”, indicó. Miranda reiteró, como se ha mencionado desde el año pasado, que con el presupuesto que cuentan podrían realizar la consulta solamente con alrededor de 60 mil casillas, “podremos estar implementando un ejercicio similar a la consulta popular del año pasado”.
Otro cambio es que a pesar de que el Consejo General aprobó frenar el proceso de revisión de firmas una vez que se cumpliera el 3.5 por ciento de la lista nominal, es decir, con un adicional de alrededor de 500 mil firmas a las marcadas por la ley, ahora concluirán la revisión total de las más de 11 millones de firmas recibidas. “Nos parece importante que esa voluntad sea validada y al final del día tener la historia completa”. Sin embargo, se prevé que la revisión concluya hasta finales de febrero, por lo que este ajuste implicará un gasto adicional de 6.3 millones de pesos para extender el pago a las 430 personas que realizan este proceso y que tenían un contrato hasta el último día de enero. La siguiente etapa que iniciará este fin de semana y será seleccionar una muestra aleatoria de 850 firmas distribuidas en las 32 entidades federativas para hacer visitas domiciliarias y verificar que estas personas hayan dado su apoyo de manera libre. También, comenzarán las audiencias para que las personas y organizaciones que entregaron firmas puedan acudir a revisar aquellas rúbricas descartadas por inconsistencias. Este viernes se presentará el informe preliminar a Comisión y el próximo 26 de enero sesionará el Consejo General para conocer que la meta legal se cumplió antes de la fecha de 3 de febrero que establecía el calendario aprobado en noviembre.
