Un juez de control adscrito al centro de justicia del penal federal del Altiplano, decretó este viernes la prisión preventiva justificada en contra de Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, quien fue detenido ayer por fuerzas federales, por estar involucrado con grupos del crimen organizado.
Este viernes se realizó la audiencia de imputación de cargos donde la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado, pues el edil habría ordenado privar de la libertad a un candidato de Morena y a su suplente, para que renunciaran a la postulación y así, el partido podría otorgar la candidatura a una persona afín a sus intereses.
El ex alcalde de Tequila permanecerá en prisión preventiva justificada mientras se resuelve su situación jurídica, que en caso de que sea vinculado a proceso continuaría hasta que termine su juicio.
Fuentes ministeriales dieron a conocer que en el pliego de consignación se le señala como responsable de haber plagiado el 24 de marzo de 2021 en el restaurante La Posta en el municipio de Tequila, a los entonces precandidatos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez, y los obligó a renunciar a sus aspiraciones.
Junto con Diego Rivera, también fueron imputados por delincuencia organizada Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública de Tequila, y Juan Gabriel Toribio Villareal, director de catastro del municipio.
A decir del expediente, los tres imputados planearon levantar a las víctimas con el fin de obligarlos a renunciar y así poder impulsar Juan Gabriel Toribio , quien le garantizaría lealtad a Diego Rivera y al Cártel Jalisco Nueva Generación, con quien tenían una estrecha relación.
Una vez que las víctimas fueron levantados, se les obligó a firmar su renuncia a la candidatura, hecho que fue testificado por un notario de Jalisco, que trabajaba bajo las órdenes del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El delito de secuestro agravado solo fue imputado a Diego Rivera y Juan Manuel Pérez Sosa, pues ellos habrían ordenado secuestrar a un par de comerciantes de Tequila, tras negarse a pagar una extorsión para seguir vendiendo sus productos.
Durante la audiencia, Diego Rivera se reservó su derecho a declarar, y su equipo de abogados solicitó la duplicidad del término constitucional para que se resolviera su situación jurídica, por tal motivo, será hasta el martes entrante cuando se defina si el alcalde Tequila y coacusados son vinculados a proceso penal.
