El Ejército sabía en tiempo real lo que sucedía la Noche de Iguala porque durante la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa intervinieron comunicaciones telefónicas a Guerreros Unidos, llamadas en las que se hablaba de los normalistas y “de dónde había que mandar a los jóvenes”, reveló este jueves el Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
“Cuando tengamos el texto completo de esas comunicaciones sabremos más; el paradero de los estudiantes y la forma en que fueron trasladados”, expresó Ángela María Buitrago Ruiz, experta del GIEI.
Los integrantes del GIEI dijeron que había una relación directa entre miembros del Ejército, policías y criminales; que Guerreros Unidos, familiares de los 43, y policías locales y estatales en la región eran vigilados por Sedena con el programa de espionaje Pegasus.
Ángela Buitrago y Carlos Martín Beristain afirmaron que efectivos del CISEN y de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) grabaron actos de tortura durante la investigación y dijeron que todo el proceso de desaparición de los 43 jóvenes tuvo seguimiento, en tiempo real, de elementos de inteligencia. Los estudiantes, en particular, eran espiados desde adentro, con infiltrados en la Normal Rural Isidro Burgos.
En rueda de prensa, el GIEI indicó que desde febrero de 2022 entregaron un informe al Gobierno federal en el que daba a conocer que, después de que les abrieron los archivos de la Sedena, encontraron que el Centro Regional de Inteligencia Militar existía desde el 2014, aspecto que se negó porque las autoridades del sexenio de Enrique Peña Nieto aseguraron que inició en 2015, y que en ese centro se realizaron los monitoreos.
Además, tuvieron conocimiento de que las intercepciones a las comunicaciones son desde el 26 de septiembre y hasta el 5 de octubre de 2014, lo que mostraría algunos de los jóvenes seguían con vida días después de su desaparición.
“Había interceptaciones telefónicas en tiempo real de lo que estaba pasando en Iguala, sin embargo, ninguna de esa información llevó a tomar decisiones para la protección de los jóvenes y para las investigaciones del caso. Nos enteramos de esas interceptaciones el año pasado”, precisó Carlos Martín Beristain.
El informe que hoy releva el GIEI también da a conocer que el 5 de octubre sí existió la War Room, una reunión de altos mandos de todas las corporaciones, pero que se desconocen los reportes de quiénes participaron en el encuentro, y que tampoco hay contenido de las decisiones y las acciones para la búsqueda.
Por otra parte, Beristain aseguró que el caso Ayotzinapa se encuentra en un tiempo acelerado y que las decisiones que se tomen son cruciales. “Vivimos un momento de aceleración de la historia, pero también de confusión y queremos dar a conocer detalles que ayuden a conocer”, expresó el experto.
El GIEI también reveló que en los archivos que le abrió la Sedena –por orden del Presidente Andrés Manuel López Obrador en su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas– se encontraron comunicaciones entre integrantes de Guerreros Unidos que muestran la relación que existía entre el grupo criminal con militares, en concreto con el Capital José Martínez Crespo y el
Coronel Rafael Hernández e incluso con personal de la Marina, que aún no se ha investigado; así como con presidentes municipales y policías locales.
No era sólo la relación, sino que Guerreros Unidos también tenía acceso a las instalaciones del Semefo y a informes a los Centros de Comando (C4).
“Estas interceptaciones muestran una relación cercana de la organización criminal con militares; también se menciona a la Marina, lo que debe de ser investigado. Hay hechos que se realizan de manera coordinada: el acceso directo de Guerreros Unidos a información que se manejaba en el C4; la relación con personas que trabajan en Semefo, con presidentes municipales, jefes de policía, pero sobre todo la relación que existe entre las operaciones del grupo criminal y la investigación que se realizó en Chicago sobre el transporte de droga en camiones”, expresó Claudia Paz y Paz.
Los expertos que por años han investigado el caso de Ayotzinapa ofrecieron el día de hoy una rueda de prensa en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en la presencia de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y del Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, quien ha sido acusado por parte de los abogados de los militares de que el informe de la Comisión de la Verdad tenía pruebas falsas.
